La Gaceta (Hemeroteca): La LOMLOE: Nuevo currículo y nueva ordenación

La LOMLOE: Nuevo currículo y nueva ordenación

Corresponderá al Gobierno fijar, en relación con los objetivos, competencias clave y específicas, contenidos expresados en forma de saberes básicos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Las comunidades autónomas, a su vez, son las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial

10/10/2022 | Antonio Morillo Nieto. Jefe de Servicio de Ordenación Académica.

Antonio Morillo. (Cedida)

Los sistemas de educación y formación deben adecuarse del mejor modo posible a las circunstancias cambiantes y a las expectativas que en ellos se han ido depositando a lo largo de la historia. La sociedad demanda de la educación no solo que los alumnos aprendan a saber, además deben aprender a ser, a convivir y a hacer. Es por ello que debe garantizarse una formación adecuada que pase necesariamente por proporcionar una formación integral centrada en el desarrollo de las competencias.

Tal y como se indica en los decretos de currículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce cambios significativos en relación con el currículo; en la  nueva redacción de su  artículo 6.1 define el currículo como el conjunto de objetivos,  competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la citada ley.

Este currículo está orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos y de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación.

En el mismo sentido, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponderá al Gobierno fijar, en relación con los objetivos, competencias clave y específicas, contenidos expresados en forma de saberes básicos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas.

Las comunidades autónomas, a su vez, son las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los propios centros desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley.

Todo ello ha supuesto cambios significativos, no solo en el currículo, sino también en la ordenación en cada una de las etapas. La Educación Infantil, configurada en dos ciclos, se organiza en tres áreas muy cercanas a ámbitos de experiencia, que va a permitir estrechar más las relaciones entre los aprendizajes y las experiencias cotidianas de los niños y niñas. La etapa tiene un marcado carácter preventivo y compensador, además de un carácter integrador que facilitará la aceptación y el respeto a las diferencias individuales y garantizará el derecho a la inclusión de todo el alumnado.

En relación con la Educación Primaria, la nueva redacción de la ley modifica significativamente la ordenación y la organización de las enseñanzas, recuperando los tres ciclos anteriormente existentes, reordenando las áreas con objeto de favorecer el desarrollo de las competencias del alumnado, y permitiendo su organización en ámbitos.

En el tercer ciclo se añade, además, un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que en nuestra Comunidad se impartirá en sexto curso. Por otra parte, establece que la evaluación durante la etapa se basará en el grado de desarrollo de las competencias clave y específicas previstas en el perfil competencial y en los criterios de evaluación, respectivamente.

Al igual que en la Educación Primaria, la ley establece que la evaluación durante esta etapa servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio que deberá tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de un curso a otro. Asimismo, se señala que la permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

Para la titulación será preciso que el alumnado alcance las competencias y los objetivos de la etapa. En cualquier caso, las decisiones serán adoptadas de manera colegiada por el equipo docente.

Como elemento novedoso, al término de la educación básica, el alumnado debe haber alcanzado el perfil de salida definido como la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. Dicho perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. Es único y el mismo para todo el territorio nacional, es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica.

Por último, en Bachillerato, aumenta el número de modalidades, se establecen cuatro: Artes, Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales. Con la novedad de que todos los centros han podido ofertar una nueva modalidad, el Bachillerato General.

Otro cambio significativo ha sido que se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente del alumno o la alumna pueda decidir colegiadamente la titulación de un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se den determinadas condiciones.

En definitiva, a lo largo de este curso escolar se prevén cambios organizativos y normativos que necesitarán tiempo de adaptación e implantación y supondrá un esfuerzo por parte de toda la comunidad docente y para el que contará con el apoyo de la Consejería de Educación y Empleo.